DISCURSO DEL SEÑOR DOCTOR MARCOS IBAZETA MARINO, PRONUNCIADO EN LA SESION SOLEMNE DE JURAMENTACIÓN COMO DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Señor Presidente de la Corte Suprema de la República, doctor Walter Vásquez Vejarano,
Señor Presidente del Tribunal Constitucional, doctor Javier Alva Orlandin,
Señor Ministro de Justicia, doctor Carlos Gamarra Ugaz,
Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Enrique Mendoza Ramírez,
Señora Presidenta de la Corte Superior de Lima, doctora María Zavala Valladares,
Señor Presidente de la Academia Peruana de Derecho, doctor Fernando Vidal Ramírez,
Señor Decano del Colegio de Abogados del Cuzco, doctor Juan Farfán Martínez,
Señor Doctor Ulises Montoya Alberti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima,
Señor Doctor Felipe Osterling Parodi, ex decano del Colegio de Abogados de Lima,
Señor Doctor Jorge Avendaño Valdez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima,
Señor Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, ex decano del Colegio de Abogados de Lima,
Señores miembros de la Junta Directiva,
Señores miembros de la Junta de Vigilancia,
Señores Delegados ante la Asamblea General,
Estimados colegas,
Señoras y señores:

Quiero agradecer vuestra presencia en esta magna Asamblea General, que no hace sino reflejar la unidad y fortaleza institucional de nuestro Colegio. Hoy Ustedes convierten este momento en un acto de reafirmación de los principios que inspiraron la formación de nuestra Orden y que están más vigentes que nunca.

Deseo, asimismo, expresar mi gratitud a todos los agremiados, por la confianza que han depositado en mi persona al conferir a la Junta Directiva que presido, por votación mayoritaria la honrosa tarea de dirigir nuestro Colegio. A los que votaron por nosotros decirles que su confianza no será defraudada. A los que no votaron por nosotros, que no hemos venido al Colegio a desunir sino a construir en unidad, por lo que frente a ellos tenemos el deber de demostrar que seremos dignos de su respeto y confianza.

Comparezco ante esta Asamblea para fijar los lineamientos de mi gestión y para convocar a todos los abogados a la inmensa tarea de recuperación democrática que nuestro país exige y que nuestro Colegio tiene la responsabilidad histórica de asumir.

Permítanme ahora exponerles brevemente algunas razones por las cuales decidimos postular al Decanato de nuestro Colegio.

La primera esta referida a la pregunta que día a día se hacía un número creciente de agremiados que ejercen libremente la profesión: ¿Por qué tenemos que asumir un costo tan alto de cotización si los beneficios que recibimos del Colegio son casi nulos?.

Los abogados que patrocinan judicialmente reclamaban por información jurídica actualizada que la gran mayoría no recibe, los que se dedican a la defensa penal aludían a maltratos que cotidianamente recibían en las delegaciones y/o centros especializados de investigación criminal de la Policía Nacional, así como a la imposibilidad de una adecuada comunicación con sus clientes en los centros penitenciarios por las deplorables condiciones brindadas por la autoridad respectiva y, finalmente, todos, se exasperaban ante una metodología asfixiante que, aplicada desde los despachos judiciales, entorpece gravemente el ejercicio de la defensa y el patrocinio legal en general.

Lo paradoja se evidenciaba cuando al ingresar a los despachos judiciales, desde magistrados hasta los auxiliares, alegaban ser víctimas del abandono de su propio sistema y de estar sometidos a reglas administrativas y procesos internos que habían devenido en obsoletos y que nadie proponía rediseño alguno; que se les había sometido a una irrazonable reducción de personal y de insumos cuya causa fue la gran acumulación de carga procesal, actualmente inmanejable, entre otros, recalcando que el Colegio de Abogados al cual cotizaban como agremiados no actuaba a su favor a través de la defensa gremial, sino que los había declarado enemigos.

En otras palabras, la insatisfacción de los clientes externos iba de la mano con la insatisfacción de los clientes internos del sistema, por lo que todo apuntaba a la responsabilidad de los órganos de gobierno por defectos de gestión y administración, que no había merecido el análisis en el Colegio.

Recientemente el fallo del Tribunal Constitucional al resolver que el Poder Judicial debía sustentar directamente su presupuesto ante el Congreso, pero con políticas y metas claramente enmarcadas en un proceso de reforma, y, planeamiento estratégico expreso que permitiera conocer lo que los usuarios debían esperar del sistema en el corto, mediano y largo plazos, ha marcado con precisión el núcleo de responsabilidad de lo que hoy es un sistema alejado de las aspiraciones de eficacia, oportunidad y previsibilidad.

Los auxiliares jurisdiccionales así como los auxiliares fiscales no sólo se hacían la misma pregunta, sino que empezaban a plantear como un tema reinvindicativo o que se les exonerara de cotizar porque ellos no litigaban o, en todo caso, que se redujera su cotización a sólo un cincuenta por ciento; descubriéndose en esta postura algo que confusamente se había irradiado desde nuestro Colegio: Que los beneficios de la defensa gremial y las prestaciones correspondientes sólo alcanzaban a los abogados que ejercían libremente la profesión, cuyo equívoco nos ha venido conduciendo a enfrentamientos entre abogados.

No hay que olvidar que el Fiscal es un abogado que ejerce función fiscal, el Juez un abogado que ejerce función jurisdiccional y los auxiliares, abogados que ejercen dicha función, al igual que todos los abogados que desempeñan algún cargo en el sector público.

La cuestión central entonces no es declararnos la guerra entre abogados ante una población que está a la espera que todos los abogados, desde la función que desempeñen, le brinden lo que por derecho constitucional le corresponde: la tutela jurisdiccional efectiva; y la pregunta era obvia: ¿Estaba fracasando la abogacía o estaba fracasando la jurisdicción y el proceso, que a su vez involucra a Fiscales, Abogados e inclusive Policías, como mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos?.

Cuando decidimos investigar más sobre los efectos de dichas posturas al interior de nuestro Colegio, encontramos como uno de los indicadores más importantes el que, a pesar de contar con más de cuarenta mil agremiados, los abogados hábiles no superaban en promedio veintidos mil cuya cotización mensual, a razón de veinte soles por agremiado, producía un ingreso promedio de cuatrocientos mil nuevos soles.

A partir de esta información hemos procurado conocer la razón por la cual habíamos perdido a más de veinte mil agremiados, habiendo obtenido una información genérica de muchos de ellos en el sentido de que habían preferido ingresar a los Colegios de Abogados cercanos o circundantes al Colegio de Abogados de Lima, en los cuales la cotización puede representar sólo la mitad y la incorporación no más de un tercio de lo que se paga en nuestro Colegio.

El indicador subsecuente es entonces que el agremiado que se desplaza a otros Colegios cercanos, lo hace simplemente buscando un menor costo de cotización que le permitiera ejercer la profesión sin importarle ya prestación adicional alguna en capacitación, salud o recreación y ni hablar del fondo mutual.

Esta desafiliación de facto se esta produciendo de modo masivo sólo por un estado de necesidad del abogado para ejercer la profesión como única fuente de ingresos económicos, y, otro sector de menor número pero de mayor influencia, proponía formalmente una desafiliación total del gremio porque, según ellos, el Colegio no les brinda ningún beneficio en el ejercicio profesional e invocan una colisión entre el libre derecho de asociación que reconoce la Constitución con la agremiación obligatoria como requisito esencial para ejercer una profesión, proponiendo inclusive la formación de “Barras” por especialidades.

Frente a estos hechos observábamos que, efectivamente, se ha abierto pues una inmensa brecha entre el Colegio y los Abogados en general, pero, además, un gigantesco vacío institucional en la vida nacional, en cuyos dilemas, conflictos y debates el Colegio no tiene mayor presencia y sus esporádicos pronunciamientos no calan en el nivel de autoridad intelectual y moral que espera de él la comunidad entera.

A modo de ejemplo: el primero referido a la huelga judicial que tuvo lugar porque el Estado no cumplió la obligación remunerativa asumida por la Corte Suprema durante un año, sin que el Colegio, desde la firma del convenio ejerciera el rol de contralor de cumplimiento del mismo y prevenir una huelga que nos ha hecho daño a todos. Las poblaciones del interior del País y de las zonas periféricas de Lima al no contar con un sistema eficaz de justicia ha involucionado hacia mecanismos de autotutela y se hace justicia por mano propia y no hemos tenido propuestas coherentes frente a tamaño problema. Se están produciendo conflictos poblacionales por el tema de la contaminación de los ríos y demás fuentes de agua en los que se confronta a la Minería con la Agricultura y el Colegio no ha tomado ninguna posición para equilibrar el tema y evitar la confrontación. No ha intervenido en el debate sobre la Convención del Mar y menos sobre los Tratados de Libre Comercio y los problemas internos que su negociación está produciendo en el País. Se habla de la Reforma del Sistema de Justicia pero no conocemos propuesta concreta.

Nuestra percepción era la de un Colegio estático, rígido, burocratizado, de costos cada vez más altos y de beneficios cada vez más precarios, frente a una competencia de otros Colegios en los cuales sólo se ofrecía adecuada defensa gremial y costos muy por debajo de los que impone nuestro Colegio, a los cuales, sin embargo, se desplazaban miles de nuestros agremiados.

ALGUNOS DATOS OBTENIDOS EN LAS COORDINACIONES PARA LA PRESENTE TRANSFERENCIA.

Mencionaremos unos cuantos pero que resultan más que suficientes para tener un diagnóstico real:

Cotizan aproximadamente veintidos mil abogados a razón de veinte soles cada uno, es decir, la recaudación por ese concepto alcanza un promedio de cuatrocientos mil nuevos soles mensuales, pero existen en el Colegio doscientos trabajadores, un tercio de ellos permanentes y dos tercios bajo contrato cuyas remuneraciones mensuales, en promedio, bordean también los cuatrocientos mil nuevos soles.

Las informaciones iniciales dan cuenta del uso de aproximadamente cincuenta celulares por los funcionarios de nuestro Colegio, cuyos consumos no hemos podido medir aún.

El Centro de Esparcimiento de Chosica si sólo tuviera como usuarios a los agremiados generaría pérdida constante, motivo por el cual en la actualidad está abierto al público en general, lo cual lesiona el nivel de calidad que debe recibir el abogado por tal servicio, sucediendo lo mismo con el Policlínico en donde el déficit no ha podido ser superado.

El dilema radica en lo siguiente: si tenemos estos servicios no sólo para nuestros agremiados sino también para ofertarlos a la comunidad en general, o seguimos actuando como un Colegio Profesional o convertimos al Colegio en un ente empresarial que oferte recreación y salud, porque aplicar dinero de las cotizaciones ordinarias para cubrir esas pérdidas resultaría en las condiciones actuales hasta inmoral.

Se nos ha informado que el Colegio sí ha obtenido utilidades en los programas de capacitación aunque éstos no hayan podido llegar a todos los abogados de escasos recursos y en el rubro de casillas para notificaciones, pero no contamos con datos precisos al respecto.

Gremio y Sociedad

La situación descrita plantea difíciles tareas. En primer lugar, resolver las ineficiencias institucionales que separan al Colegio de sus agremiados y, consolidándolo, impulsar una Reforma del Estado que lo reconcilie con la sociedad civil en base a la capacidad de pronunciamiento y de iniciativa legislativa que tiene nuestro Colegio.  

No debemos olvidar que el Estado tiene el monopolio de la Jurisdicción que utiliza el debido proceso como mecanismo de solución de conflictos pero tampoco olvidemos que los Abogados, salvo contadas excepciones, somos los obligados intermediarios entre la población y el proceso. Existen paralelamente el Arbitraje que por su naturaleza y fines es de una casi imposible masificación, así como algunos mecanismos autocompositivos como la mediación y, especialmente, la conciliación, que no producen mayores frutos en una sociedad sometida a una grave crisis económica en la cual la ineficacia, costo e imprevisibilidad de los fallos judiciales, invitan a no asumir responsabilidades inmediatas porque resulta beneficioso judicializar todos los conflictos para diluirlos en el tiempo y en la inseguridad judicial.

Sin embargo el Derecho es mucho más. Hay que tener presente que la Jurisdicción actúa sólo cuando se producen conflictos en el plano del derecho material en cuyo marco de legalidad los seres humanos nos relacionamos adquiriendo derechos subjetivos concretos.

Es en este plano en el cual el Colegio de Abogados de Lima tiene un rol preventivo muy dinámico y debe utilizar al máximo sus pronunciamientos institucionales y su iniciativa legislativa, para asumir responsable y conscientemente la función que por historia y justicia la sociedad le ha asignado para ser custodio de la legalidad constitucional y promotores de los valores democráticos que sustenten el progreso y el desarrollo para nuestro país.

La crisis del Estado es también la crisis del Derecho. Abogamos por un Estado inclusivo y sensible a la realidad social.  Sin un ordenamiento jurídico estable y justo jamás habrá gobernabilidad, y sin gobernabilidad no habrá progreso ni gobierno estable.

Es indispensable reconciliar a la abogacía con la sociedad, para lo cual debe tenderse un puente de comunicación idóneo, tanto entre los abogados de Lima y su Junta Directiva, como de la Directiva con la población.

 NECESARIA PARTICIPACIÓN GENERAL DE LOS AGREMIADOS

Nosotros queremos un Colegio organizado y fuerte.  Para lograrlo es preciso contar con la participación de todos los líderes gremiales dispuestos a otorgar su esfuerzo y conocimientos en favor de la Orden y en sintonía con los intereses nacionales.  Esta invitación alcanza a todos los abogados de Lima, de los que votaron en favor o en contra nuestra, de los que piensan como nosotros y de aquellos que discrepan.

La moral nos ha mostrado que la valoración en la vida diaria está sujeta a las circunstancias que rodean al ser humano en su espacio y tiempo.

La ética nos ayuda a percibir valores permanentes en el plano abstracto.

Somos seres humanos con aciertos y errores, con debilidades y fortalezas y proclives al bien y al mal, pero con una inmensa vocación de lucha para buscar y encontrar lo bueno.

Hemos formulado invitaciones a distintas personalidades para impulsar acciones y proyectos del Colegio en las áreas que consideramos de alta sensibilidad gremial y social. No hemos tenido reparos en incluir a los que pertenecieron a otras listas y quizá fueron parte de la virulencia que se generó en contra nuestra.

El proceso electoral ha concluido. Ha quedado demostrado que las campañas sobrias y decentes también conducen al triunfo. Hay que mirar al futuro para construir una nueva institucionalidad cuidando no incurrir en los errores del pasado.

Es imperativa nuestra participación en la Reforma Constitucional, incorporar activamente a nuestro Colegio al proceso de Reforma Judicial que tiene en vilo al país y, con la misma energía, propondremos alternativas para luchar contra el flagelo de la corrupción y la impunidad. Allí donde falta derecho y donde se siente la ausencia del Estado debe hacerse sentir la voz de nuestro Colegio.

Relanzamiento institucional

No podemos pedir a otros fortaleza institucional si nosotros no la tenemos, tampoco podemos exigir gobernabilidad si el Colegio no ha consolidado la suya.

El tiempo que nos queda para la gestión es corto. Priorizaremos las siguientes acciones:

1.-       La inmediata racionalización administrativa al interior del Colegio procurando alcanzar coherencia entre procesos internos, personal y calidad de los servicios prestados. Las cotizaciones de los agremiados no pueden seguir siendo absorbidas en su totalidad por remuneraciones.

2.-       El rediseño de procesos internos procurando su drástica reducción y su inmediata automatización a costos razonablemente bajos, para que la información total se vuelva completamente transparente, se traslade a la Web y no dependamos de uno o dos servidores administrativos que, al no tener el cargo de Directivo carácter rentado, les permitió queriéndolo o no, acceder al poder de control absoluto de la información y de los procesos internos.

3.-       La incorporación de calidad total en la atención de nuestros agremiados en los locales institucionales. Los trabajadores deben entender que ellos laboran en la “casa” de los abogados para brindar a éstos el mejor trato, la mayor cordialidad, el esmero en hacerle sentir que realmente está en su casa. No deben olvidar que sus remuneraciones provienen del dinero que aportan los abogados. Por su parte los abogados jamás deben sentirse extraños en su casa y, cuando estén en ella, no tienen que rogar a nadie un trato adecuado, su deber es exigirlo. La Junta Directiva velará siempre porque así sea.

4.-       Buscaremos establecer “mesas de trabajo” con los representantes de los órganos de gobierno del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario, entre otros, luego de efectuar diagnósticos con los magistrados, auxiliares e inclusive representantes de los respectivos sindicatos sobre las causas por las cuales no pueden brindar a los litigantes el servicio de calidad al que están obligados, para plantear las alternativas de solución correspondientes.

            Si no se obtienen respuestas favorables y a la vez, oportunas, el Colegio adoptará todas las medidas para exigir esas soluciones sin descartar, de ser necesaria, una confrontación institucional pero con los órganos de gobierno respectivos.

5.-       La Junta Directiva implantará un sistema móvil, dinámico y flexible para la defensa gremial de los abogados de Lima. La idea básica es que los abogados no se desplacen hacia el Colegio sino que la Junta Directiva vaya donde se produce el problema.

            Invitamos a todos los abogados de Lima para organizarse en equipos para elaborar diagnósticos y proponer soluciones que la Junta Directiva apoyará, gestionará con ellos, abrirá las puertas de la interinstitucionalidad, pero serán esos equipos los que conducirán las negociaciones hasta lograr soluciones.

            No habrá día ni hora inhábiles para que defensa gremial funcione, para lo cual se implantarán adecuados mecanismos de comunicación, sean éstos correos electrónicos, faxes, teléfonos fijos exclusivos y, además, negociaremos con alguna de las más importantes emisoras radiales contar con un espacio de dos horas semanales para entregar y recibir información directa de los abogados y del público.

6.-        Solicitar al Colegio de Contadores su apoyo para realizar una auditoria económica, administrativa y financiera de los últimos cinco años que nos sirva como una plataforma de reorientación de las tareas de gestión y administración.

7.-        Repotenciar los servicios académicos, procurando extenderlos a la mayor cantidad de agremiados a precios accesibles. Se puede apreciar una mejora importante en este campo, sin embargo ello no se ha hecho extensivo a los cursos de Práctica Forense. Ello afecta la imagen del Colegio por lo que requiere modificación conceptual y metodológica.

            Abrir un nivel de capacitación altamente especializada para que los abogados que tengan la base académica suficiente, pueda acceder a cursos sobre finanzas, negociación internacional, análisis de costos jurídicos y riesgo país, inversiones y seguridad jurídica, entre otros, que nos permita incorporar a un mayor número de agremiados a este nuevo mercado laboral que se ha abierto explosivamente con el proceso de globalización, la integración regional y los tratados de libre comercio.

8.-            Impulsar la instalación de módulos informáticos con procesadores de texto, impresoras, fotocopiadoras, faxes, internet para que cualquier abogado pueda acudir a ellos y obtener información o redactar sus escritos, a fin de abaratarle sus costos en la oferta de sus servicios incorporándolo a la modernidad.

            El plan piloto comenzará en nuestras oficinas ubicadas en el cuarto piso del Palacio de Justicia y, según los resultados, el proyecto contempla su expansión hacia las zonas periféricas de Lima en donde funcionan los módulos básicos de justicia.

            Todos los Módulos Básicos de Justicia deben convertirse en mini cortes superiores para lo cual el Poder Judicial y el Ministerio Público sólo deben crear diez plazas de Vocales y Fiscales Superiores que, organizados corporativamente bajo el esquema de itinerancias bien administradas, resuelvan los procesos en esos locales, incorporando bolsones poblacionales de más de doscientos mil habitantes por sector, a la tutela efectiva. Abriendo para los abogados un gran mercado laboral.

9.-            Proponer la modificación del Estatuto y el Reglamento de Elecciones. De la experiencia electoral vivida se desprende que no resulta imparcial un Comité Electoral integrado por delegados de la Asamblea General.

            Tres meses antes del proceso debe realizarse un sorteo entre los agremiados, divididos en segmentos generacionales, de modo que haya un representante de los mayores, otro de los no tan mayores y otro de los más jóvenes, quienes asumirían la dirección del proceso electoral con personal ajeno a los servidores administrativos del Colegio, apoyados por personal del Jurado Nacional de Elecciones, de la Onpe y de Transparencia.

            Es necesario convertir las elecciones del CAL en un ejemplo institucional de equidad y respeto.

10.-     La tarea de posicionar al Colegio como el fiel de la balanza jurídica en el plano nacional es ardua. Hemos invitado y se me ha comunicado la aceptación respectiva de los agremiados que con su trabajo y prestigio quieren colaborar en estos objetivos hacia la gobernabilidad con todos, defensa gremial, desarrollo institucional y compromiso social.

            Es un honor para mí dar a conocer la nómina siguiente:

Les agradezco enormemente a cada uno de ellos, su amplitud y compromiso institucional, al haber aceptado esta encomiable tarea.

Una vez instalada estas Comisiones someteremos a consideración de sus responsables un proyecto de plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva. Nuestro deseo es que a partir de estas Comisiones se maduren iniciativas, proyectos y propuestas legislativas y pautas de ejecución institucional que mi Despacho recogerá y someterá a la Junta Directiva para su materialización.

11.-            Hemos solicitado a los ex Decanos que, como Junta consultiva de la Junta Directiva, de oficio o a pedido de ésta, propongan pronunciamientos jurídicos frente a temas de Estado porque necesitamos demostrar que las posiciones o criterios discrepantes o no dentro de nuestro Colegio, sí pueden arribar a consensos básicos.

            Para este mismo objetivo invitamos a integrarse al esfuerzo a todos los juristas que tengan la vocación necesaria para asumir el desafío. Todos serán bienvenidos.

            Queremos hacer de estas comisiones órganos operativos y gerenciales y no entes burocratizados, por ello los apoyaremos en la medida de las posibilidades del Colegio, con presupuesto, logística y  los recursos que  sean necesarios.

12.-            Proponemos a todos los Delegados de la Asamblea General para que se incorporen a las Sub Comisiones de Trabajo y con sus ideas e iniciativas aporten sugerencias a las Comisiones antes descritas, porque nadie quiere asambleas estériles con debates intrascendentes. La Asamblea General tiene entonces el gran desafío de contribuir o no a la institucionalidad y gobernabilidad del Colegio de Abogados de Lima.

13.-     Es un objetivo fundamental el conseguir el retorno de nuestros agremiados que optaron por otros Colegios buscando costos menores para su ejercicio profesional. Propondremos, de ser necesario, una amnistía para todos ellos pero sin reconocimiento de tiempo de aportaciones.

            Su retorno implica enfrentar apropiadamente una política de reducción de las cotizaciones así como del precio para la incorporación de nuevos agremiados. Pedimos a los miembros de la Asamblea General que vayan efectuando el análisis necesario para cuando se incorpore el problema a la agenda correspondiente.

14.-      Fortalecer en infraestructura y tecnología a la Dirección de Ética, para que actúe con eficiencia y oportunidad frente a las denuncias hechas contra los abogados por transgresión del Código de Ética.

15.-      Impulsar acciones ante la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú para exigir a todo representante de los abogados en los entes de gestión y de control de las instituciones que integran el sistema de justicia, que informe públicamente el rol que ha desempeñado o que desempeña a favor del mejoramiento de la administración de justicia, así como de los proyectos que haya presentado y de su posición personal al interior del ente del cual forma parte. Los abogados somos los representados y hasta hoy no sabemos que es lo que hacen nuestros representantes. Menuda paradoja de un Colegio Profesional de Abogados.

Estimados colegas:

Quiero ratificar ante ustedes mi compromiso de realizar una gestión que construya un Colegio renovado, para una función nueva y digna en la sociedad y ante el Estado, guiado por los supremos valores de la democracia, la justicia social y la participación ciudadana; un Colegio que cree ciencia y conciencia jurídica y que esté a la altura de las circunstancias históricas del País.

Invocando la dirección de la Divina Providencia y con el apoyo de todos ustedes damos inicio al cambio institucional prometido.

Muchas gracias

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